Artículo publicado en el periódico Milenio el día 5 de agosto del 2020.

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN SAÚL LÓPEZ NORIEGA Investigadores del Cide

La nueva mayoría en el poder, en respuesta a la voluntad popular expresada en las urnas en 2018, busca un cambio de régimen que corte de raíz los pilares del sistema neoliberal. Esta transformación, sin embargo, por no plantearse en un contexto de ruptura revolucionaria, requiere de instrumentos propios del derecho. Lo interesante entonces es su entendimiento de la “nueva legalidad” cuyos contornos, aún difusos, intentaremos delinear.

La primera nota que sorprende es un uso intensivo del derecho. Aunque el Presidente prometió en un primer momento no tocar la Constitución, el ritmo de reformas es muy alto (28 artículos modificados a la fecha). Los cambios responden a temas puntuales, y ciertamente no se han tocado los cimientos de la arquitectura constitucional. Sin embargo, los elementos que se han modificado —educación, guardia nacional, prisión preventiva oficiosa, extinción de dominio, revocación de mandato— comienzan a delinear un régimen distinto. Los mismo puede decirse del número de leyes nuevas o reformadas.

Otro rasgo es la conducta del gobierno cuando ciertas reformas legales o constitucionales no resultan viables por una variedad de razones. En tales casos, lo que hemos visto en estos meses es el modelo propio del legislador carismático: el gobierno por decreto, que ignora los límites formales de la legalidad para hacer de la voluntad presidencial el instrumento del cambio. Los casos más patentes se encuentran en materia energética, medidas de austeridad, uso de la fuerzas armadas y proyectos de infraestructura, entre otros.

Estas medidas generan reacciones. En efecto, el corazón de la arquitectura del sistema jurídico democrático es limitar el ejercicio del poder. Por ello los mecanismos de defensa de la legalidad se activaron, los litigios se multiplican, y se pone una fuerte presión en los poderes judiciales, en particular en la Suprema Corte. Así, la suerte de las principales reformas constitucionales y legales del gobierno de López Obrador, que buscan precisamente establecer un nuevo régimen, dependen de los once ministros que integran al máximo tribunal del país.

En conjunto, y más allá de las particularidades de cada una de las demandas, la pregunta clave que tendrá que contestar la Suprema Corte es cómo resolver la tensión entre cambio y legalidad; entre fondo y respeto a la división de poderes y la jerarquía normativa. Esto es así porque buena parte de estos litigios ni siquiera cuestionan la pertinencia de las nuevas políticas públicas. Su alegato es más sencillo, pero apunta al corazón de la contradicción entre la visión de la nueva mayoría en el poder y el derecho en clave constitucional y democrática: los cambios posibles requieren el respeto integral a la legalidad, única vía para para evitar la concentración y abuso de poder.