Artículo publicado en el periódico Milenio, el día 19 de agosto del 2020.

El derecho es un lenguaje. Tiene como propósito normar la conducta humana a través de prescripciones, es decir mandatos u órdenes, que se expresan en palabras. Sin embargo, el significado de esas palabras, que constituyen en lenguaje técnico, suele alejarse del sentido ordinario de las cosas. Lo que se entiende por “persona”, “empresa”, “proceso” o “delito”, entre muchísimos otros conceptos, se encuentra determinado por siglos de construcción doctrinal que soporta a las instituciones jurídicas del presente.

Sin duda puede argumentarse que esta característica no es exclusiva del derecho. Algo similar sucede con la medicina o las ingenierías. Solo quienes dedican su vida a estudiarlas son capaces de entender la gramática y la sintaxis propia de estas áreas del conocimiento, lo cual genera irremediablemente un campo social específico del que son parte exclusivamente los iniciados en estas materias.

El problema surge cuando pensamos que las normas jurídicas están diseñadas para regular conductas, y que por eso tienen que ser comunicadas y comprendidas por sus destinatarios. La realidad es cruda: solo los abogados suelen comprender el lenguaje de los abogados.

El asunto es todavía más grave cuando, por deformación, los profesionales del derecho hacen un uso inadecuado del lenguaje y lo cargan de palabras obscuras que enrarecen su capacidad de comunicar.

La profesión jurídica en su conjunto, al mismo tiempo que en sus diferentes especialidades y estamentos, tiene el reto de comunicar con más claridad. No se trata de banalizar el lenguaje técnico y desecharlo. Se trata de traducirlo de forma tal que permitan una comunicación directa, efectiva y al alcance de los destinatarios.

El hermetismo del lenguaje jurídico, que se reproduce en la enseñanza y en la práctica profesional, debe ser modificado. Hay esfuerzos loables, emprendidos por algunas salas y miembros del Tribunal Electoral y más recientemente por otros órganos del Poder Judicial Federal, que avanzan en esta dirección. Pero las inercias son muchas y los atavismos resistentes.

Quizá nadie lo ha dicho mejor que un juez de distrito — personajes mayormente desconocidos para la opinión pública pero centrales para la vida jurídica y la garantía de los derechos —, quien en una intervención del programa “Juicio Final”, transmitido por la plataforma digital Inteli-Iuris, dijo lo siguiente: “Los jueces… tratamos de resolver los planteamientos que nos realizan las partes de una manera sencilla, clara, fundada y motivada desde luego, pero en ocasiones enfrentamos la inercia del pensamiento y de la costumbre de considerar que una resolución jurídica debe ser muy extensa, cargada de transcripciones de jurisprudencia, de obra académica….”. Tiene toda la razón.