[vc_row][vc_column width=\”1/1\”][vc_column_text]La libertad de expresión es cimiento de la democracia. Ponerla en riesgo es minar su futuro. Por ello importa el caso de Sergio Aguayo. Más allá de los personajes involucrados, el asunto es relevante por sus implicaciones. Y muestra también por qué importa que la República cuente con instituciones robustas.

Revisemos los hechos. Un ex gobernador, Humberto Moreira, es detenido en España, acusado de corrupción. Un académico escribe una columna de opinión en un periódico de circulación nacional. En ella se refiere al “hedor de corrupción” que acompaña al personaje. En 2016, éste demandó al articulista por daño moral en los tribunales de CdMx. El juicio se prolongó por años, al final de los cuáles el juez de primera instancia absolvió a Aguayo. El político apeló la sentencia y la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de CdMx encontró al periodista responsable de “daño moral” y lo condenó a pagarle ¡10 millones de pesos!

La Suprema Corte de Justicia, en varios precedentes, ha delineado los criterios para que proceda el daño moral. Existen dos elementos clave. Por un lado, que se atribuya un hecho falso a cierta persona, en detrimento de su reputación, a sabiendas de que éste no es cierto. Por el otro, que se demuestre el daño económico por tal difamación. En la jerga jurídica esto es lo que se conoce como “real malicia”.

En el texto de Aguayo no encontramos ninguno de estos ingredientes. Cierto, se esboza un retrato poco halagador de Moreira a partir de su trayectoria política y, en particular, de la investigación por la que fue detenido. Pero es eso: una opinión. No se trata de un hecho falso, lanzado de manera artera. Justo ahí reside la gravedad de esta sentencia. Al condenar la expresión respecto de un personaje público se sienta un precedente encaminado a limitar el uso del aguijón crítico indispensable para una discusión pública democrática, por lo cual sorprende la decisión de los jueces locales. No se trataba de un acertijo jurídico de gran complejidad. Bastaba con aplicar los precedentes de la Suprema Corte. Tarea simple hasta para alumnos de derecho constitucional.

El conflicto está ahora en manos del Poder Judicial Federal, pues Aguayo interpuso amparo directo contra la sentencia. Por fortuna, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, usando una facultad poco utilizada, solicitó que el tribunal constitucional atraiga el caso por su importancia y trascendencia. Ojalá que el resto de los ministros voten a favor de conocerlo y, en su caso, lo resuelvan siguiendo los precedentes. No olvidemos que, contrario a lo que algunos han sugerido, el último garante de nuestros derechos constitucionales no es el Presidente de la República, sino nuestra Suprema Corte. Ahí es, ahora, donde hay que mirar y exigir.

Artículo publicado en el periódico Milenio el 5 de febrero de 2020.

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