En peculiar ceremonia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció en la mañanera del miércoles pasado una propuesta de reforma judicial. El Ejecutivo federal la hizo suya de inmediato. Más tarde la iniciativa fue expuesta a un grupo de senadores en la sede de la SCJN. En las formas quedó claro que se trató de un ejercicio concertado entre los poderes, y que el ministro Arturo Zaldívar llevó la pluma.

¿Qué tipo de reforma se propone? A diferencia de la de 1994, no se plantea un “nuevo régimen” para la Corte. El amago de modificar su integración está fuera del horizonte inmediato. Tampoco es una reforma nacional, pues por ahora solo incumbe a la Judicatura Federal. Se trata sí de un ajuste mayor que incluye reformas a siete artículos constitucionales, una nueva ley orgánica, una novedosa ley de carrera judicial y modificaciones importantes a otras cinco leyes.

El proyecto es muy extenso y busca incidir en varios frentes, que pueden agruparse en varios conjuntos: I) los relacionados con la carrera judicial, es decir, con la profesionalización del personal de tribunales y de la defensoría; II) los que atañen a mejorar y corregir la organización y administración judicial, por ejemplo, adscripciones, responsabilidades, género y combate al nepotismo; y III) los que buscan consolidar a la SCJN como tribunal constitucional.

La maquinaria judicial federal está oxidada y rechina. No son pocos sus problemas: deformaciones en los flujos y las cargas de trabajo, ineficacias estructurales, dispendio, redes clientelares, nepotismo y, desde luego, síntomas de corrupción, explícitamente reconocida por varios ministros. Por ello, urgía un servicio mayor. La orientación general de la propuesta es positiva. Pero como toda reforma de gran calado, se requiere de un examen cuidadoso y detallado. El proyecto tiene algunos claroscuros que ameritan debate y reflexión.

Por otro lado, destaco que el resultado de la reforma implica mayor poder para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano que se vuelve crítico su éxito o fracaso. La historia de la integración del CJF casi siempre ha dejado que desear. Por ello, conviene repensar el método de designación y los perfiles de los consejeros. La reforma no toca estas cuestiones, pero ya entrados en gastos…

Ojalá que el Congreso sea deferente con la propuesta, pues en materia judicial se requiere más pericia técnica que ocurrencias. Pero esperemos que también abra espacios para escuchar y ponderar las voces de otros actores. Al final del día, se trata de informar la decisión legislativa. Sobre los temas pendientes, en particular la reforma a los poderes judiciales de los estados, volveremos en próximas entregas.

Artículo publicado en el periódico Milenio el día 19 de febrero del 2020.