3 de marzo de 2022.

Por Mariana Ruiz y Denise Tron.

En esta semana se publicaron dos criterios sobre los alcances de la prueba en materia laboral. Los Tribunales consideraron que hay casos en que el trabajador no está obligado a probar plenamente que fue afectado por un esquema de subcontratación injustificada. El segundo asunto se refiere al despido de un trabajador a partir de una denuncia por acoso sexual.

Administrativo

Violaciones procesales en juicio de nulidad

La autoridad que promueva recurso de revisión en materia administrativa, sí podrá reclamar las violaciones procesales que se actualizaron en el juicio de nulidad, por ejemplo, que no fue debidamente emplazada al juicio. Registro: 2024214.

Actos privativos y audiencia previa a concesionarios de transporte público

Un Pleno de Circuito determinó que un Acuerdo emitido en Nuevo León que establece la creación de una ruta “express” de transporte público constituye un acto privativo que afecta los derechos de los concesionarios y permisionarios de transporte público que operan esa ruta. Por tanto, se debió respetar su derecho de audiencia antes de la emisión del Acuerdo. Registro: 2024197.

Fiscal

Efectos de incluir a contribuyente en lista de empresas fantasma

El procedimiento que sigue el SAT para determinar si un contribuyente simula operaciones, no se limita a las facturas (CFDI) emitidas en el ejercicio fiscal que se revise. Por el contrario, si un contribuyente se considera como empresa fantasma y el SAT lo incluye en la Lista del 69-B del CFF, todas sus facturas dejarán de tener efectos fiscales. Jurisprudencia de Pleno de Circuito. Registro: 2024206.

Consultas fiscales no tienen vigencia indefinida

Las consultas que realicen los contribuyentes a las autoridades fiscales sobre situaciones concretas, no tienen vigencia indefinida. El propio Código Fiscal de la Federación establece el periodo de vigencia, dependiendo del tema que se someta a consulta. Jurisprudencia de Pleno de Circuito. Registro: 2024202.

COVID-19

Suspensión de oficio para vacunar a menores de 12 a 16 años

Sobre este tema, se publicó jurisprudencia de un Tribunal de Guanajuato, en el que confirma que debe concederse la suspensión de oficio y de plano. Este criterio es obligatorio para los juzgados de dicho estado. 2024218.

Laboral

Despido por denuncia de abuso sexual

Se determinó que en los casos de rescisión laboral por denuncia de abuso sexual,  para que se tenga por acreditada la conducta del trabajador basta con que existan  datos que apunten a una afectación de derechos. La Junta debe ponderar entre el derecho al debido proceso del trabajador, los derechos de la denunciante y juzgar con perspectiva de género. Registro: 2024216.

Cómo probar la subcontratación en juicio laboral

Si el trabajador demandó a varias empresas por prácticas de subcontratación injustificada, la Junta no debe imponerle la carga de probar plenamente los hechos, sino que podrá aportar indicios. La Junta puede allegarse de más pruebas, por ejemplo, informes del IMSS sobre las empresas que inscribieron al trabajador. Registro: 2024215.

Amparo

Desechamiento de quejas presentadas por correo electrónico

Se integró jurisprudencia de la tesis aislada con registro 2024094 comentada en nuestro Blog 53, en la que se reitera que los recursos de queja presentados a través de correo electrónico deberán ser desechados.  Registro: 2024213.

Derecho al nombre y a la identidad de un menor

Se acudió al juicio de amparo ante la negativa del Registro Civil de inscribir a un menor. Un Tribunal resolvió que debe concederse la suspensión definitiva para que se registre al menor de manera provisional y se expida su acta de nacimiento mientras se resuelve el juicio. Registro: 2024219.

Penal

Beneficios preliberacionales 

Si un reo solicita su liberación previa, el juez de ejecución debe analizar el desarrollo gradual y progresivo del sentenciado durante el tiempo que ha estado en prisión. El hecho de que se le hayan impuesto medidas disciplinarias por mala conducta, no impide que se le pueda otorgar dicho beneficio. Por tanto, el juez debe pronunciarse sobre cada falta disciplinaria y determinar si el sentenciado ha adquirido habilidades de reinserción social. Registros: 2024198 y 2024199.