Hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el informe “Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas”.
El presidente López Obrador ha planteado la necesidad de que los juzgadores sean electos mediante voto popular.
En los próximos días veremos que la triste y excluyente fiesta partidista vivida en la casona de Xicoténcatl se trasladará a la vida pública.
El 15 de junio de 2016, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se modificaron diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expidió el Código Militar de Procedimientos Penales.
A estas alturas del periodo presidencial de López Obrador es difícil negar la militarización que vive el país. La asignación de cada vez un mayor número de actividades a las fuerzas armadas sustentadas en muy diversas normas jurídicas y recursos presupuestales.
La inseguridad y presencia masiva de las fuerzas armadas y lo sucedido en Tamaulipas es el síndrome de la militarización.
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