Artículo publicado en Milenio, el día 11 de septiembre de 2024
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se ha consolidado como un actor clave en el panorama social mexicano. Su doble función, evaluar los programas sociales y medir la pobreza, lo coloca en una posición delicada, donde el rigor técnico debe convivir con la sensibilidad política. Su buen desempeño le ha valido confianza y reconocimiento.
En su diseño original, el Consejo es un órgano descentralizado de la Secretaría del Bienestar y el secretario ejecutivo es nombrado por el Presidente de la República. Las decisiones técnicas centrales están en manos de una Comisión Ejecutiva compuesta por seis investigadores académicos y un secretario técnico.
En 2014, en medio de las negociaciones del Pacto por México, alguien tuvo la brillante idea de darle autonomía constitucional. Esto habría implicado separarlo del Ejecutivo Federal y cambiar, para peor, su diseño institucional. Aquí la historia comienza a enredarse. Un artículo transitorio de esa reforma estableció que la autonomía sería efectiva solo después de que el Congreso expidiera la ley reglamentaria correspondiente.
Desde entonces han pasado 10 años y esa ley nunca se aprobó. Por eso, el Coneval sigue funcionando como siempre. Incluso el presidente López Obrador nombró al secretario ejecutivo en funciones.
Este año, el furor de la desaparición de los órganos con autonomías constitucionales alcanzó al Coneval ¿Y adivine qué? Sus funciones se envían al Inegi, institución que sí conservará la autonomía constitucional.
La iniciativa argumenta que el Coneval duplica funciones con INEGI. Esto es falso. La medición de la pobreza es un proceso complejo que comprende tres etapas: definir las normas y criterios, recopilar la información y realizar los cálculos. Mientras que el Coneval se encarga de la primera y la tercera etapa, el Inegi hace la segunda. Esta división de funciones, lejos de ser redundante, garantiza la confiabilidad de la medición. Fusionar todas las etapas en una sola institución, por muy solvente que esta sea, sería un grave error que comprometería mucho de lo ya avanzado.
Además, la propuesta ignora por completo la importante labor del Coneval en la evaluación de programas sociales, una tarea que no forma parte del mandato ni de las capacidades del Inegi y que requiere, a contracorriente de lo que propone la reforma, trabajar de forma cercana con las dependencias de la administración pública federal.
Moraleja. Un buen diseño institucional puede ser, en ocasiones, más efectivo que la autonomía constitucional. Lo prueba la experiencia de Coneval. La desaparición de los órganos autónomos deja intacta la necesidad de instituciones que decidan con criterios técnicos, aunque sensibles a la política. Es posible diseñarlos. Pero si la reforma progresa en sus términos, todos perdemos, empezando por el propio Poder Ejecutivo.
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