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El embate populista contra las libertades

Artículo publicado en Milenio, el día 16 de febrero de 2022.

En la entrega previa de esta columna expusimos el grave deterioro de la libertad de expresión. Nunca imaginamos que, en unos cuantos días, el abismo se profundizaría tanto. Otro periodista fue asesinado y ya suman seis en lo que va del año. En otro frente, el Presidente lanzó una andanada sin precedentes contra el periodista Carlos Loret. La divulgación de sus supuestos ingresos y la petición de que el INAI lo investigue constituyen un intento deliberado para subvertir el ejercicio de las libertades y convertirlas en herramientas de la cuarta transformación.

Comencemos con lo más elemental. La Constitución establece el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales (art. 16) y la ley exige que las autoridades guarden con “absoluta reserva” las declaraciones y datos de los contribuyentes (art. 69 Código Fiscal de la Federación). Si alguno de los datos difundidos por el Presidente es cierto, estaríamos frente a una clara violación a los derechos de Loret.

Hay un segundo problema. Cuando López Obrador habla en las conferencias matutinas no lo hace en su carácter de ciudadano, sino de titular del Ejecutivo Federal. Por tanto, no ejerce su libertad de expresión, sino que cumple con su obligación de informar con veracidad y oportunidad. Por eso, de acuerdo con la Corte Interamericana, las autoridades deben constatar los hechos que hacen públicos “con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares”.

Sin embargo, el Presidente no tuvo empacho en difundir información no verificada, proveniente de un misterioso “informe” enviado por “personas anónimas” a Palacio Nacional. Y, por si fuera poco, en una carta absurda, el Presidente pidió al INAI —¡al INAI!— que investigara los ingresos y bienes de Loret y su familia.

El episodio no solo muestra el desprecio del Presidente por los derechos y las instituciones. Mediante una retórica populista, López Obrador busca desvirtuar el contenido de los derechos y el mandato de las instituciones garantes. Por eso, en su carta, señala que el asunto no puede estar sujeto a “argumentos legaloides” —es decir, al marco constitucional y legal—, pues el INAI debe servir a una causa suprema que lo justifica todo: “purificar la vida pública de México”.

Estamos viendo la punta de lanza de una ofensiva contra las libertades civiles propia de los populismos. Se trata, dice Nadia Urbinati, de subordinar su ejercicio a los dictados del “pueblo”, destruir la mediación de las instituciones y hacerlas instrumentos dóciles de la mayoría gobernante y su líder. En las próximas semanas la polarización seguramente se agudizará, para seguir marcando el terreno que excluye a toda persona que cuestione el proyecto del obradorismo. Son malos tiempos para la democracia constitucional.

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