En la última entrega de esta columna, avanzamos la hipótesis que el cambio de régimen que postula la 4T conduce necesariamente a una nueva Constitución. Nos preguntamos sobre las condiciones de legitimidad y los contenidos del documento constitutivo del nuevo tiempo prometido: la cuarta transformación. Exploraremos aquí la primera de estas cuestiones.

En un reciente libro, el reconocido profesor de la Universidad de Yale, Bruce Ackerman (Revolutionary Constitutions, Harvard University Press, 2019) realiza un impresionante estudio comparado de la legitimidad de los cambios constitucionales en el mundo moderno. El autor considera que la crisis global del constitucionalismo no se puede explicar solo como consecuencia de la emergencia del “populismo”, y explora nuevos caminos en busca mejores explicaciones.

Para desarrollar sus tesis, Ackerman construye tres tipos ideales –que son herramientas metodológicas— para explicar la legitimidad de las constituciones modernas y los diferentes problemas que enfrentan.

Simplificando, el primero es la legitimidad que emana de un movimiento revolucionario. En el segundo tipo ideal, el orden político es construido por actores pragmáticos internos al régimen, que responden a las presiones de cambio con concesiones estratégicas y la cooptación de líderes opositores moderados.

El tercer tipo ideal corresponde a un escenario donde el “viejo sistema de gobierno” comienza a desarticularse, pero la población permanece relativamente pasiva. El vacío de poder es ocupado por grupos políticos y sociales previamente excluidos, quienes empujan el cambio constitucional. Lo relevante es que la nueva constitución no es una creación revolucionaria, sino la construcción de la nueva élite.

El proceso de cambio de la Constitución mexicana tiene varias etapas que pueden explicarse a través de los tipos ideales expuestos. En un primer momento, de 1917 a 1976, la legitimidad revolucionaria era suficiente y las reformas constitucionales relativamente poco frecuentes (23 % del total de artículos reformados hasta 2019).

A partir de 1977 y hasta 2018, el sistema responde a las presiones y comienza un proceso de cambio “desde adentro”, donde se hacen concesiones estratégicas y se conforma en los hechos una “nueva constitución”. El 72 % de los cambios constitucionales se da en este periodo.

La elección de 2018 cimbró al sistema. Una nueva élite política, antes excluida, llegó al poder y se genera un nuevo discurso constitucional, que postula una reconstrucción total del régimen, sin violencia ni revolución. La pregunta abierta es si se proseguirá con una estrategia de cambio gradual, o si se buscará dar cauce a una nueva Constitución a partir de la legitimidad del nuevo gobierno. Sobre este tema volveremos.

Artículo publicado en el periódico Milenio el 25 de diciembre de 2019