Artículo publicado en Milenio, el día 9 de noviembre de 2022.

El 28 de abril de 2022, la CNDH emitió la Recomendación General 46/2022 que reconoce violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre 1951 y 1965 (www.bit.ly/3WxjZaO). Fue hasta el 28 de octubre pasado, seis meses después, que se publicó en el Diario Oficial una síntesis. Dos días más tarde, la propia CNDH público un pronunciamiento sobre la recomendación en el que, lejos de subrayar los hallazgos sustantivos, prefirió enfatizar una, entre otras muchas, de las recomendaciones, en la que se pedía transformar al INE para saldar una “deuda histórica” con la democracia.

Este pronunciamiento generó preocupación e indignación. El propio Consejo Consultivo de la CNDH lo rechazó. Comparto las críticas y me parece inaceptable el sesgo de la Comisión. Pero más allá, esta acción comprometió el debate público sobre los resultados de una investigación inédita que documenta las graves violaciones a los derechos humanos y políticos que el aparato estatal mexicano realizó en los años 50. Es un reconocimiento de enorme importancia histórica que tiene implicaciones en el presente.

En efecto, la Comisión documentó 49 casos que implicaron violencia política, detenciones arbitrarias, masivas e individuales, desplazamientos forzados, tortura y ejecuciones por motivos políticos. Junto con lo anterior, hizo una revisión del papel que jugaron el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección General de Seguridad, la policía del entonces Distrito Federal y el servicio secreto en estas acciones encaminadas a reprimir la disidencia política.

La recomendación señala que “la experiencia de los hechos vividos en el período 1951-1965 demuestra que hubo una estrategia represiva sistemática y además cobijada institucionalmente por parte del Estado mexicano, que normalizó, y además encubrió y ocultó, en la total impunidad, múltiples violaciones a derechos humanos”. Y añade que “se comprueba que ese aparato represivo tenía como finalidad limitar los derechos civiles de los mexicanos y controlar el ejercicio de la democracia”.

Llama poderosamente la atención que este reconocimiento, que reivindica el derecho a la información, a la verdad y a la memoria colectiva, haya sido silenciado política y mediáticamente por la propia CNDH con una posición militante en contra del INE. Y llama también la atención que otra de las recomendaciones al Congreso (recuérdese que la recomendación fue emitida en abril de 2022) dice a la letra: “Revisar la normativa relativa a la Guardia Nacional, a fin de garantizar su naturaleza civil, derivada del espíritu de los Constituyentes de 1824, 1857 y 1917, y tal cual era la demanda de las y los militantes y simpatizantes de los movimientos políticos y sociales objeto de la presente Recomendación General”.

Ya para octubre, la posición de la CNDH respecto de este tema cambió. Y no es difícil suponer la razón.