Artículo publicado en Milenio, el día 22 de diciembre de 2021.

En nuestra última entrega hicimos un balance de los cambios constitucionales y legales de la 4T, y señalamos la práctica de utilizar acuerdos o decretos presidenciales para hacer avanzar los proyectos y programas del Presidente, aunque estos contravengan la Constitución y las leyes. Pero el Estado de derecho implica mucho más.

Recordemos que el artículo 1 de la Constitución establece como obligación primaria de todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, “promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos. ¿Cuál es el estado de estos derechos?

El balance no es fácil de hacer, pues la Constitución reconoce un poco más de 50 derechos fundamentales. Para bien, la organización Signos Vitales México publicó recientemente el informe “Los derechos humanos en México” (bit.ly/3q2Zhjz) que, mediante el uso de diversas fuentes de información, en muchos casos datos de Inegi o Coneval, presenta un panorama de conjunto. Los resultados distan de ser alentadores.

En efecto, se documentan violaciones sistemáticas y estructurales a los derechos civiles y políticos. El panorama respecto a los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de las personas es desolador, pues no se ha logrado reducir el número extraordinariamente alto de homicidios dolosos (34 mil 558 para 2020) y desapariciones (21 mil 546 personas no localizadas en esta administración). Los indicadores de impunidad dan escalofrío (93.3 por ciento de los delitos no se denunciaron en 2020); el número de personas en prisión preventiva se ha incrementado, y cuatro de cada 10 personas en prisión no tienen sentencia.

En materia de salud, y como resultado tanto de la pandemia como de la desaparición del Seguro Popular, se registró un aumento significativo en la carencia de acceso a servicios de salud. Además, existen retrocesos en materia de medio ambiente, recursos para adaptar y mitigar los efectos del cambio climático y la promoción de combustibles limpios.

Hay, cierto, algunos datos positivos, como el incremento al salario mínimo, pero en general existe evidencia de que casi todos los derechos guardan una situación preocupante sin tendencia a mejorar.

La protección de los derechos requiere programas, instituciones y presupuestos robustos. Pero observamos un deterioro en las políticas e instituciones responsables de la protección de estos derechos, agravado por la austeridad. Además, se ha generado un fuerte estrés, pues los mecanismos de garantía de los derechos, tanto en su vertiente administrativa (me refiero a las numerosas comisiones e institutos especializados en proteger derechos humanos), como en la judicial (amparos), se ven rebasados por la creciente demanda de medidas de protección. En la próxima entrega reflexionaremos sobre esta última dimensión del “cambio jurídico”.