Instructor del curso

Luis Pérez de Acha Profesor – Da clic para ver más

Una estrategia para la persecución de los delitos fiscales fue la implementación de la prisión preventiva oficiosa como parte de la reforma penal de noviembre de 2019.

Con esta reforma se pretendió que durante la investigación de los delitos de defraudación fiscal, facturación falsa y contrabando, los contribuyentes investigados permanecieran en prisión preventiva oficiosa, es decir, automática por el solo hecho de cometer los delitos.

Esa reforma fue cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia en dos acciones de inconstitucionalidad. En noviembre de 2022 se declaró la invalidez de la prisión preventiva oficiosa en los delitos fiscales. 

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por considerar que la regulación en nuestro país sobre prisión preventiva y arraigo es violatoria de derechos humanos. Se trata de dos sentencias en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez, resueltos en noviembre de 2022 y en enero de 2023, respectivamente.

Ambas sentencias son vinculantes para México, en particular para el Congreso Federal y para la Suprema Corte de Justicia. 

Ante este escenario, diversos tribunales federales han dictado jurisprudencia en aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eliminando la automatización que implica la prisión preventiva oficiosa, para que sea siempre justificada.

En este curso se analizarán los temas antes planteados a efecto de que los asistentes cuenten con herramientas prácticas sobre los alcances en la interpretación de la prisión preventiva en los delitos fiscales.

Temario

1. Prisión preventiva en la Constitución Federal 
2. Distinción entre prisión preventiva justificada y oficiosa 
3. Reforma penal fiscal de 2019
4. Los delitos fiscales y la prisión preventiva oficiosa
5. Declaratoria de invalidez por la Suprema Corte de Justicia 
6. Criterios de tribunales sobre prisión preventiva