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Charla fiscal: ¿Quiénes son beneficiaros controladores para efectos fiscales?

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Propaganda Gubernamental y veda por revocación de mandato

Charla: Beneficiario controlador para efectos fiscales

La prueba en el procedimiento administrativo

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ABC de los concursos mercantiles

Preparación para concurso de ingreso a la rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano 2022

Mario Héctor Blancas Vargas

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El juicio mercantil: el reto de la oralidad

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Charla Fiscal &#8220;Tasas efectivas del ISR y percepción de riesgo de los contribuyentes&#8221;

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Teoría de los sistemas jurídicos.

Constitucionalismo y teoría de la Constitución.

José Ramón Cossío Díaz

Mecanismos para la solución jurídica de conflictos

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Maestría en Derecho, Regulación y Gobernanza Democrática

Un Pleno Regional se pronunció sobre las limitaciones a contratos temporales de trabajo, no obstante que estén permitidos en una norma legal. En materia de amparo, analizamos varios criterios sobre pruebas, suspensión y ejecución de la sentencia.AmparoOmisión de dictar sentencia en amparo indirectoLa Primera Sala sostuvo que sí procede recurso de queja cuando el juez no dicte sentencia en los 90 días siguientes a la celebración de la audiencia constitucional, a pesar de que este caso no esté previsto expresamente en la Ley de Amparo. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029439" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029439</a>Cumplimiento de la suspensión por una autoridad que no es parte en el juicioCuando en amparo se conceda la suspensión de oficio y se vincule a una autoridad no señalada como responsable, ésta no podrá interponer recurso de queja en contra del auto que le ordena llevar a cabo actos para dar cumplimiento a la suspensión. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029436" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029436</a>Ofrecimiento de pruebas en amparo directoComo una excepción al principio de limitación de pruebas en amparo directo, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando busque desvirtuar una causal de improcedencia. En este caso, para acreditar que la demanda había sido presentada dentro de plazo, se ofreció el recibo de depósito en la oficina de Correos de México. Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029441" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029441</a>Pensionado reclama retención de ISREl sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado puede ser dictado fuera de audiencia en casos de excepción, por ejemplo, cuando se reclame la retención por impuesto sobre la renta a la pensión de una persona, y se advierte que las autoridades señaladas como responsables de forma previsible no intervienen en el acto reclamado. Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029442" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029442</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029443" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029443</a>Deficiencia de la vía en recurso de inconformidadEl juzgador está obligado a suplir la deficiencia de la vía cuando advierta que el quejoso interpuso, para cuestionar el cumplimiento de la sentencia, un medio de impugnación distinto al recurso de inconformidad. El juzgador debe reencauzar la vía y tramitarlo como recurso de inconformidad. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029435" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029435</a>ConstitucionalPrincipio de progresividad y no regresividad en actos legislativosPara evaluar si el poder legislativo emitió una norma que provoca una regresión injustificada a un derecho humano, es necesario que el juzgador lleve a cabo el siguiente ejercicio interpretativo: i) definir el mínimo de protección otorgada previamente al derecho, ii) identificar el cambio y sus efectos, iii) determinar si el cambio provoca un perjuicio injustificado al derecho y, de ser así, iv) declarar la inconstitucionalidad de los artículos que afecten el derecho. [Primera Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029434" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029434</a>LaboralDeclaración de incompetencia de tribunal laboralSi un tribunal laboral declina competencia para conocer de un asunto y lo remite a otro tribunal que también declina, éste último deberá remitir el asunto a la autoridad encargada de resolver el conflicto jurisdiccional, esto es, a un tribunal colegiado de circuito, y no así a un tercer tribunal laboral. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029440" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029440 </a>No a contratos temporales en el gobierno de la Ciudad de MéxicoLos “Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados&#8221; no justifican la contratación temporal de trabajadores por parte del gobierno de la Ciudad de México, ya que esto atenta contra del derecho fundamental a la estabilidad en el empleo. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029431" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029431</a>Plazo para que servidores públicos reclamen aportaciones patronalesLa Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no establece un plazo para que prescriba la obligación de inscribir al trabajador en dicho Instituto y realizar las aportaciones patronales. El Pleno Regional sostuvo que para este supuesto no puede aplicarse el plazo general de prescripción que es de tres años, ya que se trata de derechos imprescriptibles. [Jurisprudencia] Registro:<a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029432" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> 2029432</a> Limitación a secretario instructor para emitir acuerdosEl secretario instructor carece de facultades para dictar acuerdos una vez concluida la fase escrita del procedimiento laboral. Posteriormente, los actos del secretario instructor deberán emitirse con la intervención del Juez. [Pleno Regional, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029438" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029438</a>

Blog 181: Contratos temporales y juicio de amparo

Artículo publicado en MilenioRetomemos las preguntas de nuestra última entrega. ¿Tiene límites el poder reformador de la Constitución? ¿Puede actuar como quiera y modificar lo que sea? ¿Sus facultades admiten el control de la Suprema Corte?Antes de responderlas, debo advertir que es un tema muy complejo. En un extremo, hay quienes sostienen que el órgano reformador de la Constitución es equiparable al poder constituyente, cuya capacidad de configuración es ilimitada y cuyos actos no pueden ser objeto de una revisión formal o material. En el otro, se argumenta que se trata de un poder constituido, que debe seguir las reglas de procedimiento que establece la propia Constitución, así como la jurisprudencia sobre violaciones al procedimiento legislativo, y que por ende sus actos pueden ser revisados por la SCJN.La respuesta es todavía más complicada si consideramos que quienes hoy sostienen la primera posición, en el pasado argumentaron la segunda. Varios legisladores, entre otros Ernestina Godoy, Adán Augusto López o Ricardo Monreal promovieron un amparo indirecto contra la reforma constitucional en materia energética. Morena promovió la acción de inconstitucionalidad 17/2016 contra la reforma constitucional en materia política de Ciudad de México. El mismo Arturo Zaldívar defendió la procedencia del control judicial de las reformas a la Constitución (voto particular del amparo en revisión 2021/2009).Por su parte, la Suprema Corte ha resuelto desde 1998 diversos casos. Las diferentes integraciones han alternado criterios que son claramente incongruentes entre sí y han suscitado votaciones divididas y valiosos votos de minoría. En la sesión del pleno de la SCJN del 3 de octubre de 2024, el ministro Ortiz Mena pidió a sus colegas “poner en orden nuestra jurisprudencia sobre un tema tan trascendental” pues los criterios “no están sistematizados y no hay suficiente claridad interpretativa”.En síntesis, enfrentamos un tema especialmente importante que requiere de una reflexión pausada y cuidadosa con una perspectiva de largo plazo. Podríamos empezar por reconocer que el órgano reformador de la Constitución es un poder constituido que tiene características especiales, por ello debe estar sujeto a un criterio de control constitucional distinto al ordinario.También es necesario reconocer que las normas constitucionales tienen funciones y valores diferentes, sobre todo en un texto que tiene disposiciones tan detalladas. Que la reforma a la Constitución es un asunto muy serio que requiere deliberación, especialmente cuando esa reforma puede afectar algunas de las estructuras o decisiones fundamentales. Finalmente, recordar que la Constitución es el espacio donde la política y el derecho se encuentran y encauzan. Hay que intentar que ni uno ni otro se desborden. En la siguiente entrega aportaré algunos elementos más específicos.

La inconstitucionalidad de la Constitución (segunda parte)

Artículo publicado en El PaísLa reforma judicial en marcha continúa mostrándonos una pluralidad de ángulos, prácticamente a diario. Nos ha tocado presenciar la renovación de discursos de vieja raigambre nacionalista. A la rememoración de las doctrinas del poder absoluto o del que pretende llegar a serlo. Hemos visto también falta de oficio en la forma de incapacidades políticas y jurídicas. Así como muchos otros elementos que, o suponíamos superados o que, al menos, habrían de presentarse con mayor pudor.En el encarreramiento de los días, hay dos manifestaciones del oficialismo que han llamado mi atención y, supongo, la de otros. Se trata de dos fenómenos que han logrado significar mucho de lo que se está diciendo y haciendo por parte de los órganos gubernamentales y de los coros que los ensalzan. Lo curioso es que ambas narrativas resultan, si no de plano contradictorias entre sí, sí respecto de la totalidad de los discursos y posicionamientos con que las nuevas autoridades están pretendiendo asentar y ejercer su poder.El primer fenómeno frente a la oposición judicial y jurídica a la reforma judicial apela a la subordinación más abyecta de los juzgadores a los poderes fácticos o, de plano, a una ideología que, por lo demás, se estima como propia y autogenerada. Se dice —cada vez más estruendosa y abiertamente— que toda la oposición a la reforma tiene como propósito mantener la incrustación conservadora, neoliberal o de signo parecido, en la actividad jurisdiccional. En esa representación se asume que alrededor de 50,000 personas comparten una concepción unitaria y defienden al unísono una posición contraria, a la cuarta transformación en su modalidad “segundo piso”. Se asume que, de algún modo, ese conjunto humano se constituyó de manera tal, que las diferencias de edad, formación, arraigo o procedencia quedaron borradas al momento mismo de incorporarse a la actividad de uno de los poderes del Estado o que, de manera todavía más pintoresca, esas muchas personas decidieron incorporarse a él por una curiosa predisposición del alma.La narrativa oficialista ha tenido que construir un monigote al cual poder atacar con facilidad después de haberle asignado condiciones tan peculiares como las señaladas anteriormente. Establecido el conjunto a partir de la ideología impuesta, ha sido posible generar la idea de que todo acto jurídico emanado de los órganos jurisdiccionales de la Federación no es sino la expresión irrefutable de la ideología asignada. En tan generosa suposición no es posible admitir la diferencia de intereses, compromisos, proyectos ni, menos aún, ideales, pues todo se ha querido reducir a la defensa de los mínimos privilegios y de las abyectas defensas, ya ni siquiera de los intereses propios, sino de los de alguien abstracto y poderoso al que, por algún motivo, se dice, se ha decidido servir.La segunda manera de actuación del oficialismo ha estado vinculada con las decisiones que diversos órganos jurisdiccionales han tomado con motivo del proceso de reformas judiciales en marcha. Desde los inicios de la dinámica reformista, diversos juzgadores han emitido resoluciones para analizar la validez del proceso y sus efectos, así como para suspender sus avances y consecuencias. Los juzgadores han actuado, bien o mal, fundada o infundadamente, dentro de los procesos previstos en la Constitución y las leyes. Cada una de sus resoluciones, cuestionables o no, han estado y están sujetas a la revisión de las instancias competentes, una vez promovidos los correspondientes medios de impugnación.Frente a las impugnaciones promovidas y las resoluciones dictadas en ellas, el oficialismo ha tomado dos caminos de acción, pues en algunas ocasiones las ha recurrido y, en otras, simplemente, las ha desconocido. Es así que en este momento existen, como debe ser conforme a nuestro orden jurídico, diversos recursos para que lo decidido respecto de la reforma pueda ser revocado o acotado. En ello no hay nada de particular, pues se trata de la manera ordinaria en la que las autoridades deben estar frente a un orden jurídico que determina la legalidad de cada una de sus actuaciones y, con ello, la legitimidad final del ejercicio de poder que realizan.Por otra parte, sin embargo, se han emitido declaraciones y se han constituido omisiones respecto de lo ordenado por las autoridades jurisdiccionales. Frente a las declaraciones de suspensión de los actos reclamados, simplemente se ha dicho que lo decidido carece de validez política o jurídica. La primera, porque el pueblo ha decidido que la reforma va, y sobre el pueblo nada ni nadie puede manifestarse; la segunda, porque se ha decidido por la autoridad política que la determinación jurídica de la autoridad jurisdiccional carece de fundamento y validez.Cualquiera que haya sido el modo de enfrentar las decisiones judiciales para evitar su cumplimiento, existe un problema de fondo que se encuentra sin solución. Se trata de la posibilidad de que las autoridades político-administrativas determinen por sí y ante sí la juridicidad de las decisiones tomadas por otros poderes, en particular, las judiciales. La narrativa y actuación del actual oficialismo ha propiciado una grieta, una resquebrajadura en el orden constitucional que, por lo demás, sustenta su propia existencia y la legitimidad de sus actuaciones. El actual oficialismo ha decidido apartarse del juego autorreferente que imponen la Constitución y las leyes, para abrir otro en el que, si bien sus líneas todavía son paralelas, muy pronto se cruzarán en la forma de una crisis constitucional.También de las contradicciones a que está dando lugar el oficialismo al tratar de sortear la oposición de los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación y las decisiones jurídicas por ellos tomadas, se están generando diversas disonancias con respecto a la narrativa general del nuevo gobierno. A fin de atraer inversión directa o a fin de evitar que la ya realizada se vaya del país, se ha dicho que en México se respeta y respetará la autonomía judicial y se acatarán las decisiones judiciales. Sin embargo, con motivo de la reforma en marcha se está produciendo la paradoja de amenazar a los jueces y magistrados que exigen el cumplimiento de sus resoluciones jurídicas. Asimismo, se está señalando que no se acatarán las decisiones de los juzgadores que, a juicio de los políticos, sean contrarias a derecho. Es más que evidente ya la disonancia entre la oferta general de cumplimiento y subordinación al derecho y las condiciones particulares de acatamiento a las incidencias de la reforma judicial.Ante la contradicción narrativa y operativa que el oficialismo está viviendo es muy posible que se produzca una salida en la forma siguiente: no es que no se vaya a cumplir con las decisiones judiciales, ni que se vaya a afectar la independencia judicial, sino que, precisamente, para lograr tan idílica situación, primeramente, es necesario reformar al poder judicial y privarlo de sus malos elementos. Los desconocimientos actuales son instrumentales a la situación que pretende generarse y que, una vez establecida, sí será propicia y propiciatoria al más pleno cumplimiento judicial y al más amplio respeto a la institución judicial.Es en esta narrativa en la que se condensan todos los demás elementos enfrentados en estos días, sean éstos de carácter operativo o normativo. Lo que queda en duda es si para que se considere que los juzgadores son verdaderamente independientes y sus resoluciones dignas de cumplimiento, es necesario que los mismos sean designados mediante los medios impuestos. Que, adicionalmente, las decisiones a acatar sean dictadas por quienes fueron electos mediante los nuevos y controlados mecanismos que, precisamente, están en disputa.

Narrativas en conflicto sobre la reforma judicial

Diego Armando Díaz Ortiz

¿Cuándo anular una elección por violencia política de género?

Sesión informativa: Maestría en Derecho, Regulación y Gobernanza Democrática.

Las medidas cautelares en el juicio de amparo

Derecho al agua

¿Qué le pasará a la justicia en México?

La constitución desconocida

¿Qué dice la sentencia de la Sala Superior que confirma la sobrerrepresentación?

Argumentación jurídica en materia administrativa y fiscal

Reforma judicial. Extravíos camino a Ithaca

Prisión preventiva de oficio: ¿terrorismo fiscal?

La Reforma al Poder Judicial

El impacto de la reforma judicial en la justicia electoral

Responsabilidad penal de la persona moral

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Derecho administrativo y género. Nuevas perspectivas

Adriana Labardini

¿La IA cambiará los servicios bancarios en el mundo?

La sobre-representación en el nuevo Congreso de la Unión

¿Existen experiencias internacionales ejemplares en inclusión financiera?

Literatura y derecho fiscal

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Los retos de la implementación de la nueva justicia civil y familiar

Los retos democráticos de las elecciones del 2 de junio

Inteligencia artificial y tributación

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Efectos restitutorios de la suspensión

¿Cuántos bancos debe tener un país?

El secreto bancario para efectos fiscales

¿Cómo podemos acelerar la inclusión financiera?

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Pensiones en México: la propuesta de AMLO

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La inteligencia artificial en el proceso electoral, ¿un problema o una solución?

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