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El juicio mercantil: el reto de la oralidad

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Charla Fiscal &#8220;Tasas efectivas del ISR y percepción de riesgo de los contribuyentes&#8221;

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Teoría de los sistemas jurídicos.

Constitucionalismo y teoría de la Constitución.

José Ramón Cossío Díaz

Mecanismos para la solución jurídica de conflictos

Javier Martín Reyes

Maestría en Derecho, Regulación y Gobernanza Democrática

Artículo publicado en El Universal



¿Qué pasaría si los gobernados deciden incumplir con sus obligaciones tributarias porque, en su opinión, éstas son excesivas, y además deciden que el SAT no tiene facultades para cobrarles y por lo tanto ellos van a determinar cuánto y cuándo hay que pagar impuestos? Una verdadera ruptura con el sistema jurídico y con ello una autentica amenaza para la subsistencia del Estado mismo, eso es lo que pasaría. Algo absolutamente indeseable.



Nuestro sistema jurídico, como cualquier otro, requiere un cumplimiento generalizado de las normas. Casi todo el tiempo, casi todas los gobernados deben de cumplir con casi todas las normas. Esto llevado a la vida cotidiana permite que el billete de 100 pesos con el que usted paga sea recibido por el tendero, y éste a su vez lo pueda usar para pagar la carne con la que alimentará a su familia y, al conducir de regreso a su casa, no encuentre que el tránsito es un galimatías porque todos conducen por el lado de la avenida que les da la gana y, por supuesto, que al llegar a su casa ésta siga siendo suya y no la de alguien más.



Para garantizar lo anterior, si los ciudadanos no cumplen voluntariamente con las normas jurídicas, el Estado tiene la atribución de hacérselas cumplir incluso con el uso de la fuerza, como por ejemplo con la imposición de multas, el embargo de bienes o con la pérdida de su libertad.



El postulado es muy sencillo: si las normas jurídicas no se cumplen de manera generalizada, el sistema jurídico (la herramienta que inventamos para proteger nuestros derechos) está en peligro. Si esto es tan claro para el ciudadano, ¿por qué no lo es para el gobierno? Cuando la titular del Ejecutivo Federal declara que su administración no cumplirá con las suspensiones dictadas en los juicios de amparo en contra de la reforma judicial, lo que está haciendo es romper con el sistema jurídico.



Que distintos servidores públicos afirmen que no van a acatar una suspensión de amparo es equivalente a que los gobernados decidan que no van a pagar impuestos. Si las decisiones de los jueces o la imposición de impuestos son contrarias a la norma, existen mecanismos dentro del propio sistema jurídico para combatirlas. Si el objeto, la tasa o la base de un impuesto no son del agrado del contribuyente, existe el recurso de revocación, el juicio de nulidad y el amparo. Todo dentro del sistema normativo.



De igual forma, si a la autoridad responsable no le parece correcta la determinación de suspensión dictada en un juicio de amparo en relación con la reforma judicial, ésta podría combatirla a través del recurso previsto en la propia ley de amparo. Lo que no debería de hacer es decidir por sí misma que no le gusta la suspensión y, por lo tanto, que no la va a acatar.



¿La Presidenta se dará cuenta de que con su acción abre la puerta a una serie de desobediencias y omisiones que, de realizarse, no ayudarán en nada al Estado de Derecho, ya de por sí bastante maltrecho? Cuando la titular del Ejecutivo Federal tomó protesta juró cumplir la Constitución, siempre, no solo cuando le parezca adecuado.



La desobediencia de la Presidenta sólo da lugar a dos suposiciones. a) No dimensiona con claridad el daño que le hace al Estado de Derecho al decidir cuáles resoluciones de jueces cumple y cuáles no. b) Sí dimensiona con claridad el daño que le hace al Estado de Derecho al decidir cuáles resoluciones de jueces cumple y cuáles no, y no le importa. En cualquier caso, es gravísimo lo que está pasando.



La democracia sólo funciona cuando es operada por demócratas. Saberse con todo el poder y decidir pasar por encima de la ley, no es una actitud propia de demócratas. Por el contrario, manda el mensaje de L&#8217;État, c&#8217;est moi. Así volvemos al gobierno de las personas (y no al de las leyes). Forma de gobernar que debió de haber quedo atrás hace siglos.



El IVA es del 16%, el ISR del 35%, el IEPS a los cigarros es del 160%, suficiente para que cualquier ciudadano inconforme con la calidad de los servicios públicos de electricidad, salud, seguridad pública o educación esté tentado a no pagarlos.

Los impuestos son muy altos

Artículo publicado en El Heraldo



Con el resultado de esa tómbola perdemos todas y todos. Nos quitan a los jueces profesionales que llegaron a ese cargo a través de estudio y exámenes y, a cambio, nos dan a personas con una calificación de 8 en la carrera.



El sábado pasado el Senado decidió, a través de una tómbola, quiénes son las 711 personas juzgadoras que se quedarán sin trabajo en 2025 y serán sustituidas por la persona que obtenga más votos en no sabemos cuál boleta de qué distrito electoral, porque el INE no tiene ni idea de cómo hacer corresponder los circuitos judiciales con los distritos electorales.



Lo que el Senado no sabe es ¿Quiénes de esas 711 personas construyeron a lo largo de 30 años carreras judiciales intachables? ¿Cuántas y cuántos fueron jueces o magistrados incorruptibles, valientes, capaces y conocedores del Derecho? Ni el expresidente López Obrador se atrevió a decir que ninguno.



Él mismo reconocía que había personas juzgadoras con carreras pulcras. Bueno, pues a ellas y a ellos también se les desechará. Sin argumentos, sin valoración, sin evaluación, sin consideración. El Senado no sabe y no le importa.



Aparentemente la impartición de justicia en México vale tan poco para el Congreso de la Unión que éste es muy capaz de aprobar leyes secundarias con errores de técnica legislativa (véase el documento del Instituto Belisario Domínguez&nbsp;https://t.co/1D4ohXggIT&nbsp;), para reglamentar una reforma constitucional (también con errores) sujeta a control de constitucionalidad, del cual se quieren desentender con solo afirmar que los amparos no procedían (peligrosísimo precedente para que en su momento la FGR, el SAT, el IMSS y cualquier otra autoridad administrativa tenga a bien decidir cuándo procede o no un amparo).



En unas cuantas horas de un sábado se resolvió con un sorteo lo que requería evaluación, ¿Cuáles eran las personas juzgadoras que México necesitaba conservar? Nunca lo sabremos. Si no fuera tan triste, daría risa el método de la tómbola, la cual ni el Congreso utiliza para decisiones infinitamente menos transcendentes que correr a centenares de jueces, buenos y malos, por igual.



Por ejemplo, cuando se decide cuáles personas legisladoras integrarán las mesas directivas de las distintas comisiones (con su respectivo presupuesto) ninguna de las dos cámaras utiliza la tómbola; negocian, analizan perfiles y tratan de encontrar a la mejor persona para el mejor cargo.



Algo similar se puede decir cuando se realiza la asignación del presupuesto anual para las actividades de los partidos políticos. Sus representantes en el INE no aceptan que se asigne por tómbola; negocian, argumentan, analizan cifras e indicadores. Tampoco se utiliza la tómbola para la inscripción en la lista de representación proporcional para un cargo de diputado o senador o para decidir qué legislador se reelegirá o no. El uso de la tómbola es la negación de la técnica y la política.



Obviamente la implementación de la reforma judicial es un proceso cuyo resultado no le importa a los legisladores, y por eso optaron por usar una tómbola, en la que no creen ni ellos. ¿Qué más da quién se va, si lo importante es que quien llegue sepa quién es el que manda?



Con el resultado de esa tómbola perdemos todas y todos. Nos quitan a los jueces profesionales que llegaron a ese cargo a través de estudio y exámenes y, a cambio, nos dan a personas con una calificación de 8 en la carrera, práctica profesional de 5 años, un ensayo de 3 cuartillas y 5 cartas de referencia. Ya con eso.&nbsp;

Triste tómbola

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró que el reglamento del municipio de Tepic que prohíbe las peleas de animales y las considera maltrato animal, es inconstitucional. En amparo laboral se estableció que los patrones no están obligados a otorgar garantía cuando se ordena la suspensión.



Administrativo



Procedencia del recurso de queja en sede contenciosa administrativa



La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no viola el derecho a la igualdad, aun cuando no prevea entre los supuestos de procedencia del recurso de queja, los casos en que se declaró la nulidad por vicios de competencia y, posteriormente, la autoridad pretende iniciar un procedimiento o dictar una nueva resolución a pesar de que caducaron sus facultades. No puede equipararse a los supuestos de procedencia del recurso de queja previstos en dicha Ley. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registros: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029428" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029428</a> y <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029427</a>



Propiedad intelectual



Reserva en tratado en materia de patentes



La Segunda Sala resolvió que la reserva que presentó México a la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es constitucional, a pesar de que no fue aprobada por el Senado de la República. Esto porque dicha reserva se refiere a cuestiones administrativas y no sustantivas. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029421" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029421</a>



Constitucional



Crueldad animal y principio de subordinación jerárquica



La Segunda Sala sostuvo que el Reglamento de Bienestar Animal para el Municipio de Tepic que prohíbe las peleas de animales y las considera maltrato animal, está en abierta contradicción con la Ley de Protección a la Fauna de Nayarit que expresamente señala que las peleas de gallos y tauromaquia no se deben considerar maltrato o crueldad animal. El Reglamento viola el principio de subordinación jerárquica. [Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029419" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029419</a>



Usos y costumbres indígenas, su aplicación sobre la ley



La persona que solicite en juicio que se aplique el principio de maximización de la autonomía de pueblos y comunidades indígenas, es necesario que cumpla con lo siguiente: a) solicitar expresamente la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación; b) señalar cuáles son los usos o costumbres que considera aplicables; y, c) precisar el motivo por el cuál, los usos o costumbres deben prevalecer sobre las disposiciones legales. [Segunda Sala, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029426" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029426</a>



Amparo



¿Los patrones deben otorgar garantía por daños y perjuicios de la suspensión?



Dentro del concepto de personas morales oficiales latu sensu, se encuentra la parte patronal, quien en amparo directo está exenta de otorgar garantía cuando solicite la suspensión y su concesión pueda causar daños y perjuicios. Lo anterior porque existe la presunción legal de que tiene la capacidad patrimonial para reparar e indemnizar los perjuicios que se llegaran a causar a terceros. [Plenos Regionales, Jurisprudencia] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029429" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029429</a>



Laboral



Derecho a la seguridad social de militares&nbsp;



La Segunda Sala resolvió que es inconstitucional la norma que establece que los militares dados de baja por incapacidad contraída fuera del trabajo, que no cuenten con 20 años de servicio, no tendrán derecho a un haber del retiro ni a atención médica. Esta disposición restringe su derecho humano a la seguridad social, por lo que debe inaplicarse y en su lugar, atender al Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. [Segunda Sala] Registro: <a href="https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029420" target="_blank" rel="noreferrer noopener">2029420</a>

Blog 180: Crueldad animal y suspensión en amparo laboral

Diego Armando Díaz Ortiz

¿Cuándo anular una elección por violencia política de género?

Sesión informativa: Maestría en Derecho, Regulación y Gobernanza Democrática.

Las medidas cautelares en el juicio de amparo

Derecho al agua

¿Qué le pasará a la justicia en México?

La constitución desconocida

¿Qué dice la sentencia de la Sala Superior que confirma la sobrerrepresentación?

Argumentación jurídica en materia administrativa y fiscal

Reforma judicial. Extravíos camino a Ithaca

Prisión preventiva de oficio: ¿terrorismo fiscal?

La Reforma al Poder Judicial

El impacto de la reforma judicial en la justicia electoral

Responsabilidad penal de la persona moral

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Derecho administrativo y género. Nuevas perspectivas

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¿México tiene todos los bancos que necesita?

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¿Qué impacto tienen los neobancos en la competencia?

¿Qué importancia tiene la tecnología en el mundo financiero?

Los retos de la implementación de la nueva justicia civil y familiar

Los retos democráticos de las elecciones del 2 de junio

Inteligencia artificial y tributación

Área de recursos humanos: Mis datos, tu responsabilidad

¿Portarse bien? Homo economicus y homo iuridicus. El análisis conductual

Efectos restitutorios de la suspensión

¿Cuántos bancos debe tener un país?

El secreto bancario para efectos fiscales

¿Cómo podemos acelerar la inclusión financiera?

Carlos Martínez Velázquez

Pensiones en México: la propuesta de AMLO

Gasto público responsable

La inteligencia artificial en el proceso electoral, ¿un problema o una solución?

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Derecho administrativo global

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