Ucase presidencial

Artículo publicado en El Universal, el día 29 de noviembre de 2022.

La palabra “ucase” se utilizaba en la antigua Rusia para nominar a los decretos ásperos y opresores de sus zares. En la actualidad sirve para significar las disposiciones provenientes de autoridades tiránicas o injustas. Así, el hecho de que la persona titular de un poder –particularmente del Ejecutivo— haya sido electa democráticamente, no implica que la totalidad de sus decisiones se ajusten al derecho establecido de manera también democrática. Por el contrario, es posible que sus determinaciones sean, como en la Rusia imperial, arbitrarias, groseras y alejadas de toda racionalidad jurídica.

Las motivaciones para dictar ordenes con esas características son variadas. En un amplio marco, pueden ir desde razones psicológicas como el temor o el narcisismo, hasta consideraciones de política pública o flagrante dominación. Más allá de las causas de lo resuelto, lo cierto es que el ucase se distingue de otras normas tanto por la violencia de lo decidido como por el quebrantamiento de las formas jurídicas conforme a las cuales debiera actuar la autoridad.

Hace algunos días el presidente López Obrador transmitió una decisión que encaja perfectamente en los supuestos del ucase. En su conferencia del 25 de noviembre de 2022, dijo que ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública no obedecer los mandatos judiciales cuando se pretenda la liberación de los delincuentes. En sus propias palabras: “Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que, si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez, diciéndole: no puedo, porque yo tengo otros datos y, que se aguanten.”

Esta determinación presidencial se dio a partir de la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se declaró la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa en materia de delitos fiscales. A López Obrador le pareció buena idea ordenar de manera verbal a los funcionarios de esa Secretaría, oponerse a las decisiones que los jueces tomen a partir de lo determinado por la SCJN.

El consabido uso de la corrupción no es algo que pueda sostenerse con argumentos y razones sólidas. El Presidente descentraliza en funcionarios administrativos la mera percepción de los actos que pudieran constituir hechos de corrupción, sin darle ninguna relevancia a las determinaciones que los juzgadores federales tengan que tomar. Lo que el Presidente hizo con su ucase fue violentar el orden jurídico en dos sentidos. Por una parte, rompiendo las más básicas condiciones de operatividad y jerarquía normativa; por la otra, exponiendo a sus funcionarios a la aplicación de sanciones por la comisión de delitos contra la administración de justicia.

Al igual que sucedía en el antiguo régimen ruso, en la orden dada por López Obrador, se manifiesta su concepción patrimonialista del orden jurídico. La suposición de que se trata de un conjunto de normas que le pertenecen, ya sea porque sus contenidos consagran sus proyectos o porque sirven para instrumentalizar lo que desea alcanzar.

La actitud del Presidente de la República, por lamentable que sea, no es ni nueva ni distinta a lo que ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, sí son novedosos los silencios que a ella han seguido. Salvo la clara y directa expresión de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, nadie más en el mundo judicial se ha pronunciado al respecto. Como es ya una desafortunada costumbre, quienes debieran proteger la autonomía y la independencia judiciales están dedicados a otras cosas. Sus silencios y omisiones así lo evidencian.

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