Artículo publicado en Milenio, el día 25 de octubre de 2023.

El Poder Judicial de la Federación es una organización enorme y compleja. Hay 931 tribunales federales en todo el país que reciben y resuelven cerca de un millón de juicios cada año (Inegi, 2022). Su función central es resolver con imparcialidad esos conflictos. Llevamos décadas de construcción institucional, de profesionalizarlo y consolidar sus garantías de independencia y eficacia. Ciertamente no es perfecto y tiene problemas que requieren atención. Sin embargo, es una de las instituciones más robustas que tenemos.

Pero el Poder Judicial ha sido un obstáculo al proyecto del presidente López Obrador. Muchas sentencias han encontrado que las decisiones gubernamentales vulneran derechos o contravienen el arreglo constitucional. Y éstas han irritado al poder. El Presidente lo ha dicho claramente. En su visión, jueces, magistrados y ministros pertenecen a una casta privilegiada que está “en contra del pueblo y que son representantes de una oligarquía…”. Pensó que podía reformarlo con sus aliados internos, pero se equivocó. Por eso sentenció: “Yo no veo más que una renovación tajante, que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto en las urnas”.

El ataque para debilitarlo con miras a las elecciones ya inició. Es falso que se trate de un problema de recursos. La decisión es política. Los fideicomisos del Poder Judicial han estado ahí desde hace mucho tiempo. No es casualidad que aparecieron en la agenda presidencial este año. El fideicomiso judicial más grande, dedicado a construir infraestructura tiene, en números redondos, 4 mil 300 millones. El fideicomiso para administración y pago de equipo militar de la Sedena reporta una disponibilidad de 34 mil 700 millones. Es casi ocho veces más grande.

Lo que sigue es una crónica de decisiones anunciadas. Los fideicomisos desaparecerán. Luego vendrá una reducción significativa del presupuesto. Seguirán los amparos y las acciones de inconstitucionalidad, que necesariamente tendrán que ser resueltas por jueces y ministros. La diatriba arreciará. Dirán que son “jueces y partes” como prueba de su rapacidad. Vendrán las elecciones y se consumará la politización de la justicia.

Jesús Silva Herzog lo ha dicho nítidamente. Se busca someter al Poder Judicial al principio de representación y con ello destruir el cimiento de su autonomía constitucional. En la lógica populista no hay espacio para la división de poderes. Frente al acto del poder popular la razón se apaga.

Desmantelar al Poder Judicial será un grave retroceso. Muchas carreras judiciales se pondrán en riesgo. Se afectará la ya mermada capacidad del Estado de garantizar la paz social. Además, será una señal para que los gobernadores incidan en la endeble independencia de los poderes judiciales estatales. Los controles al poder se diluirán. El asunto es extremadamente delicado. Ojalá seamos capaces de resistir.