Artículo publicado en Milenio, el día 8 de noviembre de 2023.

El presidente López Obrador tiene la convicción de que el Poder Judicial requiere una reforma profunda, que permita que jueces y ministros sean electos. Para modificar la Constitución, Morena necesita una mayoría calificada en ambas cámaras. Y buscará obtenerla en las elecciones de 2024.

Entre tanto, decidió desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial. Morena y sus aliados obedecieron y usaron su mayoría parlamentaria para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y prohibirlos. La reforma tiene problemas de constitucionalidad y el plazo de 120 días para extinguirlos es simplemente incumplible.

Los trabajadores del Poder Judicial interpusieron varios amparos. En al menos uno de ellos, un juez otorgó una amplia suspensión. Por su parte, la minoría parlamentaria anunció su intención de presentar una acción de inconstitucionalidad.

En una mañanera, el presidente López Obrador propuso que los recursos de los fideicomisos se usaran para la reconstrucción de Acapulco. La ministra presidenta Norma Piña le respondió con una carta que admite varias lecturas, pero sugiere que se abra un “canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”. La secretaria de Gobernación reviró y propuso integrar una comisión con miembros de los tres poderes.

Los fideicomisos públicos están condenados en la retórica presidencial. Serían fuente de privilegios y corrupción. Ese discurso ignora que son instrumentos lícitos, altamente regulados y aún necesarios para ciertos propósitos. Sin duda, puede cuestionarse su idoneidad y eficacia. Pero esa evaluación nunca estuvo en la mesa. Su extinción fue una decisión política.

Por otro lado, ni el Presidente, ni la ministra Piña pueden disponer de los recursos y darles un destino “negociado”. La Suprema Corte ha dicho sin ambigüedad que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados autorizar el destino y el monto del gasto público (A.I. 139/2019). ¿Cuál es el sentido de integrar una comisión como lo propone la secretaria de Gobernación?

Entre tanto, la Cámara de Diputados está por votar un recorte considerable para el conjunto del Poder Judicial y otros órganos autónomos. En esta materia, la Corte ha dicho que, si bien esa cámara tiene la facultad de modificar las cantidades solicitadas, su ejercicio requiere una motivación reforzada que explique las “razones objetivas y justificadas” para realizar la reducción (CC 205/2022). A esta hora desconocemos si esas razones existen. Lo que está en juego es que cuenten con los recursos suficientes para cumplir sus funciones constitucionales.

Estamos de nuevo en ese espacio donde la política prevalece sobre el derecho; el acto de poder sobre el diálogo; la voluntad presidencial sobre la razón constitucional. Es una ruta de pronóstico reservado para el Poder Judicial.