Artículo publicado en Milenio, el día 16 de agosto de 2023.

La Constitución establece, como principio general, que toda la información gubernamental es pública. Y añade que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalece el principio de máxima publicidad. 

Esta prescripción constitucional fue resultado de una larga lucha vinculada con la transición democrática. Responde a una concepción política de larga raigambre que busca que “todos tengan vista” de lo que ocurre al interior del Estado y, por ello, la información gubernamental es considerada un bien público. Estas ideas se contraponen con la visión de quienes postulan la lógica de los gobiernos cerrados, promotores del secreto gubernamental y del uso discrecional de la información. 

Desde principios del siglo XXI hubo avances importantes en la calidad y cantidad de la información gubernamental disponible. No fue sencillo lograrlo y había mucho que mejorar. Pero los resultados eran visibles y cuantificables. En la administración del presidente López Obrador, a pesar del alegato de ser el gobierno más transparente de la historia, las resistencias reaparecieron. La Métrica del Gobierno Abierto 2021 del INAI advirtió que “se interrumpió una tendencia positiva en cuanto los avances en la apertura gubernamental”. 

La semana pasada, Mexicanos Contra la Corrupción publicó el estudio “Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y la desaparición de información pública”. Los resultados son desoladores. Hoy tenemos menos información y menos datos. Así, de las 12 mil 570 bases de datos con información del gobierno de la plataforma datos.gob.mx actualmente el 71% se encuentran desactualizadas al menos en los últimos 24 meses. Junto con la anterior, la publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia ha disminuido en 36% entre 2018 y 2022. 

Resulta interesante destacar que las instituciones con más bases de datos abandonadas son: el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Oficina de la Presidencia de la República, el Centro Nacional de Control de Energía, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Dicho de otro modo, “los otros datos” desaparecieron. Quizá por ello, las solicitudes de acceso a la información y los recursos de revisión se incrementaron significativamente (en este último caso casi al 100%), indicadores claros de la falta de información y las negativas a entregarlos. A lo anterior hay que sumar los ataques al INAI que lo han llevado prácticamente a la parálisis institucional. No se trata entonces de una suma de casualidades, sino de un ataque frontal a la transparencia y la disponibilidad de información gubernamental. Hay una concepción política en juego. Dejo que el amable lector saque sus conclusiones.