Artículo publicado en Milenio, el día 18 de enero de 2023.

La Suprema Corte inició bien el año. El pleno eligió a la ministra Norma Piña como su primera presidenta. Fue un signo alentador para la judicatura federal y una muestra de independencia judicial. Sucede, sin embargo, que el panorama se descompuso rápidamente. El bochornoso plagio de la ministra Esquivel ha dejado víctimas colaterales y ensombreció el horizonte de la Corte.

Para entender lo delicado del asunto recordemos la función de un tribunal constitucional. El pleno de la Suprema Corte, es decir las 11 ministras y ministros, tienen la potestad de determinar el significado de la Constitución. Esto quiere decir que tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de las normas y actos de todas las autoridades del país. Además, son los árbitros que dirimen en forma definitiva los conflictos entre poderes. Sus decisiones inciden directamente en la vida política y en el ejercicio de los derechos de las personas. La Corte es el oráculo de la Constitución y, en buena medida, del futuro de la nación.

Para cumplir esa función la Suprema Corte goza de una legitimidad especial que no proviene de las urnas, sino del conocimiento experto, el prestigio personal, la adhesión a los valores constitucionales y la independencia de sus integrantes. Lo anterior no implica neutralidad política, sino el ejercicio imparcial de la función, alejada de intereses políticos o económicos directos. Suma también la capacidad de los ministros de construir interpretaciones plausibles y argumentadas de la Constitución. La integración colegiada busca la pluralidad de visiones y la capacidad de diálogo constructivo.

El problema que desencadenó la ministra Esquivel toca el corazón de la credibilidad de la Suprema Corte. El dilema que enfrenta es si debe “dejar pasar” el asunto y esperar a que otras instancias actúen o bien, por difícil que resulte, si debe confrontar a la ministra Esquivel para que asuma su responsabilidad y, por lo menos, pida una licencia mientras el asunto se resuelve en definitiva. No se trata de un problema jurídico (quién hubiera imaginado este escenario), sino uno que atañe a la ética de la responsabilidad. Lo que está en juego es el prestigio, la credibilidad y la confianza de ciudadanos y políticos en la Suprema Corte.

No hay soluciones fáciles para entramados complejos. La Corte enfrenta un momento inédito, muy difícil, que trasciende a las personas y obliga a actuar institucionalmente. Más pronto que tarde el tribunal tendrá que decidir tanto sobre la constitucionalidad de la militarización como de la reforma electoral. No es exagerado decir que la definición del futuro del país se jugará en esas sentencias. Y una decisión dividida que esté manchada por la sombra del engaño irremediablemente tendrá consecuencias indeseables. Confío en que la inteligencia colectiva de la Suprema Corte estará a la altura del reto.