Artículo publicado en Milenio, el día 13 de septiembre de 2023.

El 1 de septiembre inició el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura del Congreso. Es el último año de las y los diputados y senadores. El proceso electoral de 2024 traerá muchos cambios en la operación e integración de las dos cámaras. Muchos dejarán sus curules o estarán ocupados en el frente electoral. ¿Qué podemos esperar de la agenda legislativa?

Empecemos por los recursos. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación tienen que ser aprobados antes del 15 de noviembre. Morena y sus aliados tienen los votos necesarios para hacerlo. Parece que hay una decisión firme: no habrá mayores o nuevos impuestos. Entonces, podrán dar y quitar, así como autorizar un incremento en el endeudamiento público y asumir el mayor costo del financiamiento. Más allá de eso, las finanzas públicas del país están llenas de claroscuros y hay riesgos importantes en las decisiones que vendrán.

Junto con lo anterior, veremos si se concreta y y cómo la anunciada y significativa reducción al presupuesto del Poder Judicial federal. El asunto corre por una banda que va desde críticas justificadas al gasto judicial hasta revanchas y deseos de control. Veremos una batalla inédita con profundas implicaciones en el sistema de impartición de justicia del país. Ojalá que los legisladores no olviden que, más allá de sus vendettas, el país necesita un sistema institucional para procesar los conflictos. El costo de no tenerlo es altísimo.

En la dimensión legislativa, el Congreso ha tenido una actividad importante en lo que lleva el sexenio. Se han reformado 61 artículos constitucionales y se han creado o modificado 202 leyes de un universo de 309 leyes vigentes.

No hay que perder de vista que existe un conjunto de más de 30 que se aprobaron el “viernes negro” y que podrían ser declaradas inconstitucionales, generando otro incidente de confrontación política entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso. Por lo demás, la agenda legislativa de Morena parece concentrarse en dar rango constitucional a algunos programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no mucho más.

En el frente de designaciones hay pendientes relevantes. Entre otros, el Senado debe designar a tres consejeros del INAI, un vicepresidente de Inegi, tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un consejero del Consejo de la Judicatura Federal y al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Una mención especial se la lleva la justicia electoral. El Senado debe designar a cinco magistrados de las salas regionales, 42 magistrados de los tribunales electorales locales y, por si esto fuera poco, a dos magistrados de la Sala Superior que terminan su encargo en noviembre de este año (José Luis Vargas e Indalfer Infante González). Recordemos que corresponde a esa instancia calificar la elección de 2024. ¡Vaya agenda para un Congreso distraído!