Artículo publicado en Milenio, el día 01 de febrero de 2023.

Hoy inicia el periodo de sesiones del Congreso. Morena y sus aliados aprobarán en el Senado la reforma electoral. Con el pretexto de la austeridad (las elecciones cuestan muy caras) y la corrupción (el INE habría permitido fraudes electorales) se iniciará el proceso de desmantelamiento de las instituciones y procedimientos electorales que permitieron la transición mexicana.

El INE publicó un minucioso informe de las implicaciones del “Plan B” que demuestra los problemas técnicos y operativos de una reforma diseñada unilateralmente, sin consultar ni consensar. Las 11 consejeras y consejeros electorales, unánimemente, se pronunciaron sobre sus deficiencias y advirtieron que “produciría un efecto regresivo”.

En apretada síntesis, el “Plan B” desmantela la estructura operativa del INE —y despide a cientos de miembros del servicio profesional electoral destruyendo un valioso capital humano—, reduce los instrumentos de fiscalización de partidos y campañas y, en breve, plantea un diseño electoral que es contrario a las reglas y principios establecidos en la Constitución, mismo que en buena medida fue el resultado de las demandas de la entonces oposición.

¿Qué sigue? La reforma conlleva tal complejidad que su implementación enfrentará enormes dificultades. Además, el asunto será mucho más enmarañado, pues desencadenará una pléyade de litigios impulsados por diferentes actores y con diversas implicaciones. Las minorías parlamentarias, los partidos políticos y quizá el INAI iniciarán sendas acciones de inconstitucionalidad. El INE y los Oples interpondrán controversias constitucionales. Contra los actos de aplicación de la reforma diversos actores podrán presentar recursos ante el Tribunal Electoral. Y finalmente, las personas afectadas —directa o indirectamente— podrán presentar amparos en diferentes momentos. El resultado agregado generará un caos jurídico y operativo.

Digámoslo claramente. La reforma implica cambiar las reglas de acceso al poder y el rostro del régimen político. El Poder Judicial tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de esta propuesta y enfrentar la enorme presión —quizá la mayor de toda su historia— que ello implica. Justo en el momento que tiene una nueva presidenta y en medio del escándalo del plagio. En sus decisiones se jugará el futuro de la democracia en este país.

Por otro lado, el proceso electoral de 2024 está en riesgo. Si Morena está tan segura de su triunfo y si los dos consejeros acusados de ser los opositores del régimen ya no estarán en el INE (su encargo concluye en abril) ¿por qué necesita, en este momento, arriesgar su legitimidad electoral? ¿O será que el propósito es justamente ese, descarrilar las “instituciones neoliberales” para dar paso, como sea, al nuevo populismo democrático imaginado por la cuarta transformación?