La palabra de palacio

Artículo publicado en Milenio, el día 2 de marzo de 2022.

La palabra de palacio es poderosa. Por eso, las sociedades democráticas han creado derechos para regularla y asegurar que existan espacios para confrontarla, rebatirla y criticarla. La Suprema Corte mexicana ha razonado al respecto: “los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones… La sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública.”

La deriva del caso Loret preocupan por sus consecuencias en la salud del régimen de libertades fundamentales en el país.

El presidente acusó de “traidores a la patria” a todos aquellos que realizan campañas contra la 4T. La imputación es grave, sobre todo viniendo del jefe del Estado mexicano. ¿Insinúa acaso que quienes critican a su gobierno realizan “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero” y por ello ameritan prisión de cinco a cuarenta años? (a. 123 del Código Penal Federal)

Aunque el dicho del presidente haya sido un exceso retórico tuvo consecuencias. Los senadores de Morena, en un penoso comunicado, lo respaldaron incondicionalmente y concluyeron que “…los que se oponen al Presidente de México…..son  unos traidores a la Nación, a la Patria y al pueblo”. ¿Es esta de verdad su concepción de la política?

Pero el asunto fue aún más lejos. La diputada morenita Reyna Celeste Ascencio presentó un proyecto de reforma al a. 82 de la Ley del ISR que, en esencia, prohíbe a las organizaciones que reciben donaciones del extranjero realizar acciones de cabildeo o de litigio estratégico. La exposición de motivos es reveladora e inquietante.

Lo que la diputada parece desconocer es el régimen draconiano al que están sujetas las asociaciones civiles  que son donatarias autorizadas. También ignora que las  donaciones que otorga USAID prohiben usar los fondos para fines de cabildeo. Olvida, en fin, que el 57 % de los fondos de cooperación americana entre 2019 y 2021 (9,900 millones de dólares) se entregaron al gobierno (www.foreignassistance.gov).

La intención es claramente intimidatoria. Busca silenciar y generar miedo. Por ello, constituyen acciones de censura indirecta. Los estándares interamericanos de libertad de expresión establecen que se produce una restricción indirecta cuando declaraciones de funcionarios públicos constituyen “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento” Ojala no lo olvidemos.

PD. Ayer la Suprema Corte declaró inconstitucional el infame delito de “ultrajes a la autoridad” en Veracruz. ¡Bravo!