Artículo publicado en Milenio, el día 10 de mayo de 2023.
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no puede sesionar. Cientos de casos pendientes de resolución, más los que se acumulen, comprometen el ejercicio por parte de los ciudadanos de su derecho a conocer la información gubernamental, o bien la protección de sus datos personales. El mandato del artículo 1 de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a proteger y garantizar los derechos humanos, quedará en buenas intenciones. ¿Cómo llegamos aquí?
El Senado, secuestrado por la mayoría morenista, incumplió su obligación constitucional de designar a tres personas comisionadas. Los mecanismos de defensa ciudadana se activaron. Una juez de distrito ha ordenado al Senado que, en un plazo perentorio, las designe con base en los dictámenes existentes. Las “razones” para incumplir la sentencia han sobrado. Por su parte, el INAI presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional que será resuelta en un futuro incierto. Y todo esto es el resultado deliberado de una decisión política del Presidente de la República. Quien remató solicitando a los senadores que desaparezcan al INAI.
En el recuento de la 4T, el INAI es una “institución neoliberal”, cara e inútil. Existe otra visión muy distinta. Las instituciones de la transparencia se crearon en 2002 como resultado de una feliz convergencia de intereses que apostaron por consolidar la democratización del país. Destaco que la izquierda democrática jugó un papel central.
La evolución posterior del entonces IFAI (que era un organismo de la administración pública federal), hasta su actual estatus de órgano constitucional autónomo con competencia nacional, fue el resultado de una batalla continua, de muchas personas, organizaciones de la sociedad e instituciones gubernamentales, por romper las fuertes resistencias que, desde los gobiernos de todos los partidos, se oponían a dar acceso a “su información”. Cierto, el INAI no es perfecto, pero ha hecho una diferencia significativa que se puede demostrar.
En esta historia conviene recordar que la relación del presidente López Obrador con la transparencia siempre ha sido problemática. Cuando fue jefe de Gobierno de CdMx se mostró escéptico y reticente a la idea. Más tarde, obligado por las circunstancias, promovió una ley cuyo diseño la hacía inaplicable. Fue hasta la llegada de Alejandro Encinas en 2005 que las cosas cambiaron.
Es difícil entender el encono presidencial contra el INAI. Pero si volvemos a los básicos quizá exista una hipótesis. El sentido profundo de la transparencia es hacer de la información gubernamental un bien público y reducir su uso discrecional por parte de los funcionarios. Todos debemos tener acceso a ella. Pero cuando solo la versión oficial de los hechos constituye la “verdad”, la “otra” información gubernamental incomoda. ¿Será por eso que, a toda costa, se quiere reducir su acceso?
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